El domingo 1 de junio de 2025 se llevará a cabo el primer Proceso Electoral Federal Extraordinario 2024-2025 en México bajo la organización del Instituto Nacional Electoral (INE). Es el primer proceso electoral judicial que se organiza en el país por el cual la ciudadanía elige parcial o totalmente a las personas que integran el Poder Judicial.
En este se elegirán los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Además, las magistraturas de las Salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como a las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y Magistraturas de Circuito y Personas Juzgadoras de Distrito.
Más de 2 000 personas aspirantes se registraron a nivel nacional. En Oaxaca, 290 personas participan en esta contienda: 142 hombres y 148 mujeres, lo que representa un 15 por ciento de los candidatos a nivel nacional.
En estas elecciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) juega un papel central. No solo organiza la logística, sino que moviliza a miles de personas capacitadas para garantizar que cada voto cuente.
En todo el país, casi 408 mil 770 personas han sido sorteadas por el INE para operar aproximadamente 6 000 casillas. Oaxaca aportara 2822 casillas electorales y contara con un personal operativo de aproximadamente 25 mil 605 personas, divididos en 24 mil 265 funcionarios de mesa, 708 capacitadores electorales, 512 observadores ciudadanos y 120 supervisores electorales encargados para instalar y vigilar 2 mil 822 casillas en todo el estado.
Además, Oaxaca cuenta con un listado nominal de aproximadamente 3.2 millones de personas electoras, que forma parte de los 99 millones de votantes del país.
Durante décadas, los altos cargos del Poder Judicial en México se decidieron a puerta cerrada: propuestos por el Presidente, revisados en comisiones y ratificados por el Congreso. Sin embargo, la reforma constitucional de septiembre de 2024 rompió con esa tradición y abrió paso a un proceso electoral extraordinario, con voto universal, libre, secreto y directo.
El objetivo es que este cambio brinde mayor transparencia y rendición de cuentas a quienes imparten justicia, para así reducir el nepotismo y corrupción, de tal manera que genere una aproximación entre jueces y ciudadanos para que los electos perciban directamente las preocupaciones de la población.