La reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado distintas reacciones.
Uno de los primeros en marcar una postura en el ámbito económico, fue el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, quien puntualizó, que la posibilidad de que se concrete la reforma al Poder Judicial que lleve a elegir a jueces por votación, impactará en las inversiones y proyectos con capital extranjero.
El dirigente nacional consideró que el sector productivo requiere certidumbre jurídica, lo que hoy está deteniendo las inversiones extrajeras, destacando el caso de empresarios de Japón, quienes tienen mil 500 empresas en México, principalmente en la zona del bajío, que hoy muestran su preocupación por esta determinación.
Para empresarios, esta medida de prevención de la inversión extranjera, puede repetirse en otros estados, impactado proyecto como el Corredor Interoceánico.
La Secretaría de Economía (SE) prevé que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) atraiga inversiones hasta por 10 mil millones de dólares a la región, mediante la licitación de 10 polos de desarrollo, en julio de 2023, se anunció el interés internacional de 100 empresas y de estas, 65 concluyeron su trámite y registro, para la licitación de los 5 primeros polos.
Las empresas que están participando en el proceso licitatorio han planteado inversiones desde 300 millones, hasta 3 mil millones de dólares, en ese mismo año, se anunció que una Firma danesa, invertirá 10,000 millones de dólares para producir hidrógeno verde desde Oaxaca.
¿Cuál será el destino de estas inversiones?, ¿lograran la certidumbre jurídica?, también ¿podrían verse detenidas?
De acuerdo a líderes empresariales, podrían causar daños "irreparables" en la confianza para invertir en el país, debilitando el estado de derecho.