La reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido aprobada por el Senado, la mayoría calificada de Morena y sus aliados ratificaron la enmienda sin mayores contratiempos, el proyecto de ley enfrentó las mayores resistencias
El punto más polémico del proyecto de ley radica en la elección popular de más de 1.600 cargos judiciales, entre ministros de la Suprema Corte, consejeros de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral Federal, magistrados de circuito y jueces de distrito.
La propuesta es que las elecciones se lleven a cabo de forma escalonada en dos fases: mientras en 2025 se elegirán a ministros de la Suprema Corte, y los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito; en 2027 se culmine con la mitad restante.
Las elecciones serán organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).
El proyecto también pretende reducir a nueve a los ministros que integran la Suprema Corte, hoy compuesta por 11 integrantes y a presidencia, será renovada cada dos años de forma rotatoria, determinada por el número de votos obtenidos por cada candidatura.
Además, los ministros electos permanecerán en el cargo 8, 11 y 14 años, en función del número de votos obtenidos: los más votados se mantendrán durante un periodo mayor.
Los ministros en funciones que no resulten electos en 2025 no serán beneficiarios del haber por retiro, pensión vitalicia, aguinaldo, seguro de vida, prima vacacional y bono por riesgo.
A la crisis se ha sumado que varios tribunales están paralizados, lo que afecta el curso de miles de asuntos judiciales tanto de empresas como de personas, esta reforma tendrá un costo de más de 3 mil 500 millones de pesos además de las liquidaciones y finiquito de diversos trabajadores.