La lucha por el reconocimiento y el cumplimiento de las obligaciones de un padre a sus hijos, ha sido un proceso extenso en Oaxaca, lleno de protestas que marcaron un antes y un después a nivel nacional.
Fue el 12 de julio del 2021, que se instaló el primer "Tendedero de deudores de pensión alimenticia", para exhibir a los cientos de hombres que evaden sus responsabilidades con sus hijos, en la explanada del templo de Santo Domingo de Guzmán.
La iniciativa que surgió en la capital del estado, se replicó en la Ciudad de México, llegando hasta el senado, en donde la llamada Ley Sabina fue entregada a la legisladora Olga Sánchez Cordero, logrando ser aprobada en distintas entidades.
En Oaxaca se lucha para tener un registro de deudores, acreedores de obligaciones alimentarias, restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, no poder acceder a cargos públicos y distintas sanciones administrativas.
Pese a más de dos años de exigencia, la realidad es que no se tiene listado público y visible de los deudores alimentarios, las cifras en Oaxaca oscilan desde mil 500, hasta los 800 mil padres que no han cumplido con sus obligaciones.
Además, se tienen grandes lagunas, que nos pone a pensar si se ha logrado garantizar el derecho de la niñez oaxaqueña, como el terrible caso que vivieron Erika Montes y su hija de 6 años, a través de una orden de cateo emitida por la Jueza del Juzgado 5° Familiar del Centro de Oaxaca, quien decidió modificar la guarda y custodia de una niña de 6 años para entregársela al progenitor, en un operativo violatorio y con exceso uso de la fuerza.