Una niña de 14 años fue rescatada en Oaxaca luego de huir de su hogar para evitar ser obligada a casarse con un hombre de 62 años. La menor escapó de su comunidad en San Bartolomé Loxicha, en la Sierra Sur, y fue localizada por autoridades tras solicitar ayuda alimentaria y protección.
Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 9 de abril, cuando la adolescente huyó de su casa por la noche.
Una vez en la ciudad, denunció a sus padres, señalándolos por presuntamente querer forzarla a contraer matrimonio con un hombre casi cinco décadas mayor.
La menor fue localizada y puesta a resguardo por la Policía Estatal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJO). Posteriormente, fue canalizada a la Fiscalía Especializada en Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes para brindar el acompañamiento legal correspondiente.
Desde 2019, los matrimonios infantiles están prohibidos en todo el país. Sin embargo, la práctica persiste de manera clandestina, especialmente en comunidades rurales.
Las autoridades han implementado protocolos para garantizar la protección de los menores afectados. Esto incluye la intervención de la Fiscalía Especializada en Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, que brinda acompañamiento legal y psicológico.
En México, los matrimonios forzados con menores están estrictamente prohibidos y se consideran un delito grave. Las penas varían dependiendo de las circunstancias, pero las reformas recientes al Código Penal han endurecido significativamente los castigos para quienes promuevan, faciliten o celebren este tipo de uniones.
Las personas que obliguen, coaccionen o induzcan a menores a contraer matrimonio pueden enfrentar penas de 20 a 40 años de prisión. Estas penas son aplicables incluso si el matrimonio se realiza de manera informal o bajo prácticas culturales como los "usos y costumbres".
Si la víctima pertenece a comunidades indígenas o afromexicanas, las penas pueden aumentar hasta un 50% adicional, lo que eleva la pena máxima a 22 años y seis meses de prisión.
Además, se contemplan multas económicas que pueden oscilar entre 1,000 y 2,500 días de salario mínimo, dependiendo de la gravedad del caso.
