Luego de que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Oaxaca, llevaran a cabo un operativo de inspección en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad del estado (SEMOVI), como parte de la investigación que realizan ante las denuncias recibidas por la posible falsificación de licencias de conducir, el Fiscal General de Oaxaca (FGEO), Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que se encuentran tres personas detenidas, así como el aseguramiento de equipo de cómputo, impresión y documentación que pudieran estar relacionado con el posible ilícito.
BERNARDO RODRÍGUEZ ALAMILLA, FISCAL GENERAL DE OAXACA
"Había una serie de cobros que se estaban haciendo, que es parte de estas denuncias, en las cuales se mencionaba eso, tú pagabas una cantidad a veces muy exorbitante por la expedición de una licencia, licencia qué bueno, evidentemente, el Estado expide, pero que en estos casos era a través de terceros, entonces, eso nos puso en alerta".
Rodríguez Alamilla, explicó que ante las denuncias recibidas, se llevó a cabo un trabajo de inteligencia, que permitió este operativo en el que dos de las personas detenidas son externas a la SEMOVI y una tercera, confirmó, es servidor público de la dependencia.
El fiscal reveló los montos que llegaban a cobrar los supuestos "gestores".
BERNARDO RODRÍGUEZ ALAMILLA, FISCAL GENERAL DE OAXACA
"Las cantidades entre las cuales se cobraba digamos, para expedir las mismas, era entre seis mil y 10 mil pesos por la expedición de las mismas y bueno, el proceso de investigación a través del cual nosotros empezamos a documentar eso, tiene un par de meses más o menos a partir del cual nosotros ya a través de un proceso de inteligencia empezamos a tratar de definir cuáles eran los niveles de riego que se estaban generando y bueno, las actividades que se estaban señalando".
Mientras tanto, la Fiscalía General de Oaxaca, continúan la investigación para conocer si también algunos establecimientos comerciales que se encuentran al exterior de la Secretaría de Movilidad, pudieran tener alguna relación con servidores públicos de la dependencia que estuvieran incurriendo en los delitos de falsificación de documentos, usurpación de personas, entre otros.