La omisión y la falta de voluntad de las autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, han generado que en Oaxaca se violen los derechos de las personas que hablan lenguas indígenas, al no contar con una ley de intérpretes y traductores, que obligue a las instituciones gubernamentales a prestar sus servicios en lenguas indígenas, señaló Jesús Gerardo Herrera Pérez, director de Defensa Jurídica Intercultural de la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales.
"No cuentan con una persona que pueda ser este puente lingüístico para que ellos puedan entender qué es eso, qué está ocurriendo, cuáles son sus derechos y sobre todo también de qué manera poder ellos también entablar un diálogo con la persona que les va a brindar el servicio de defensa".
Lo anterior, dijo, pese a que la comunicación es un derecho humano.
De acuerdo con el especialista, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo segundo, el derecho de las personas indígenas a contar con un intérprete y traductor al momento de enfrentar un juicio ante los órganos responsables de impartir justicia.
"No ha habido una política pública que esté impulsando precisamente esta gran laguna de atención a un sector que se convierte en situación de vulnerabilidad".
De acuerdo con Herrera Pérez, desafortunadamente ni el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas reconocen tener el deber jurídico de formar, proporcionar y cubrir los honorarios de los traductores indígenas.