¿Venganza política? sentencia de 46 años a opositor del CIIT
David Hernández, activista comunitario de la agencia de Puente Madera, perteneciente a San Blas Atempa, Oaxaca, fue sentenciado este 7 de febrero por un juez, a 46 años y seis meses de cárcel, mismo que luchó por defender las tierras de su comunidad, ante la intención de instalación de un parque industrial dentro del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
La asamblea comunitaria de Puente Madera y la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) calificó esta sentencia como "injusta y absurda", además se le fue impuesta una multa de 182 mil 818 pesos y un pago por reparación de daños por la cantidad un millón cien mil quince pesos.
El activista comunitario en diversas ocasiones se manifestó en contra del polo industrial porque atenta contra la soberanía comunitaria de su comunidad llamada Puente madera, al ocupar terrenos de El Pitayal, un sitio comunitario donde sobreviven con la caza de animales y extracción de leña para sus alimentos.
La lucha por este terreno no es reciente, en 2017 luchó por la defensa de las Tierras de Uso Común del Pitayal, en ese momento, contra la imposición de la subestación eléctrica del Ejército Mexicano.
Nuevamente, en el año 2021, por su representación como Agente Comunitario de Puente Madera e integrante de la Coordinación General de la APIIDTT, ha sido judicializado y perseguido, enfrentando una primera demanda federal en 2021 (Carpeta judicial 269/2021) en la que no fue vinculado a proceso.
En un segundo momento, a inicios de 2022, da comienzo la Causa Penal 446/2022, haciendo efecto el 16 de enero de 2023 con su detención, para dar paso a su primera sentencia; posteriormente en octubre de 2023 se le notifica de una nueva demanda federal, cuya audiencia inicial dará el próximo 21 de febrero.
Las Asamblea de Puente Madera y la APIIDTT explicaron que la condena contra Hernández, emitida el pasado 7 de febrero, "no es absoluta y no se ejecuta de manera inmediata", y que cuentan con amparos contra las órdenes de aprehensión de David y las 17 personas de Puente Madera incriminadas.
Organizaciones sociales del Istmo de Tehuantepec, manifestaron que la criminalización de Hernández demuestra "la corrupción y colusión de las autoridades del Poder Judicial con grupos políticos y empresariales de la región vinculados al crimen organizado, a quienes les estorban las personas defensoras del territorio y pretenden callarlas con prisión, desapareciendo o asesinándolas".
