Activistas: "Falta reconocimiento de 3 feminicidios en la región"

*Foto ilustrativa 

1.- El lunes 17 de enero de 2022, comenzó el conteo de feminicidios para la región de Tehuacán, con el caso de María Isabel N. de 10 años de edad -nacida en 2012 en la comunidad de Coyotzonga, perteneciente al municipio de Zoquitlán enclavado en la Sierra Negra de Puebla-. Hallada sin vida, con huellas de violencia y abuso sexual, la mañana del 18 de enero; por lo que incluso en la comunidad se realizó una manifestación y cuyo cuerpo fue sepultado la tarde del 19 de enero. Para el 7 de febrero trascendió la detención de Celso N. de 44 años, su presunto feminicida quien fue trasladado a la Casa de Justicia de Tehuacán.

No obstante, después de tres audiencias realizadas entre el 9 y 12 de febrero, el juez de control liberó a Celso N. por no haber elementos suficientes en su contra; y hasta el momento no se sabe si hay más avances en el caso.

2.- Casi 4 meses después con lesiones y traumatismos en varias partes del cuerpo Linda N. de 29 años, estudiante de enfermería fue encontrada al interior de un bar clandestino en el municipio de Tehuacán; vecinos comentaron que la madrugada del 11 de mayo escucharon gritos al interior del inmueble, golpes en la pared. El día que hallaron a Linda, Carlos N. (su pareja sentimental, quien además estaba en el lugar de los hechos, y llamó a la progenitora de Linda para indicarle que "se estaba portando muy agresiva" y no sabía cómo controlarla), fue detenido por presunta posesión de sustancias ilegales, pero 24 horas después fue puesto en libertad tras pagar una multa. 

3.- Ocho días después (18 de mayo) Miriam Guadalupe de entre 25 y 30 años, originaria del municipio de Ajalpan, fue hallada sin vida, con huellas de violencia y el rostro desfigurado en un camino de terracería del municipio de San Sebastián Zinacatepec. El tercer feminicidio en la región de Tehuacán, que para activistas locales no han sido reconocidos como tal, investigados bajo perspectiva de género y mucho menos esclarecidos.

Ante ello, exigieron a las autoridades emprender acciones públicas para prevenir hechos como estos, y a las instituciones procuradoras de justicia sancionarlos; además de actualizar el mecanismo de protección a los Derechos Humanos de las mujeres, en Puebla: "La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), pues la demarcación donde fue hallado el cuerpo de Miriam no cuenta con dicha aleta". Además exigieron la revisión y adecuación de los protocolos de atención y prevención a nivel municipal, respecto a cualquier tipo de violencia de género.

Además de identificar los factores de riesgo y relación entre los lugares de procedencia y/o origen de las víctimas de feminicidio así como, las demarcaciones en las que son halladas, la necesidad de una coordinación interistitucional con perspectiva de género entre los municipios que cuentan con una AVGC y en los que no (pero han comenzado a denotarse como focos rojos por violencia contra la mujer). Coincidieron que la rendición de cuentas y transparencia no solo en las políticas, acciones y protocolos públicos locales, implementados para la erradicación de la violencia de género, sino también el esclarecimiento público (sin vulnerar o victimización secundaria de la víctima) de los casos.