La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación en un predio del municipio de Teuchitlán, Jalisco, donde el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó un presunto campo de exterminio el pasado 5 de marzo.
El organismo busca esclarecer las circunstancias en torno a este hallazgo y la posible omisión de las autoridades en su aseguramiento.
Según el informe, personal de la Quinta Visitaduría de la CNDH se encuentra en el rancho Izaguirre, un lugar que habría sido utilizado como centro de adiestramiento del Cártel Nueva Generación. La investigación está a cargo de la Coordinación General de Especialidades Científicas y Técnicas y del Programa de Personas Desaparecidas de la CNDH.
La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, calificó de alarmante que este hallazgo ocurriera seis meses después de un operativo realizado en la misma zona con apoyo de la Guardia Nacional, sin que en aquel momento se realizara una investigación exhaustiva.
El organismo denunció que hubo omisiones en la cadena de custodia y falta de seguimiento a denuncias previas, lo que ha permitido que estas prácticas criminales se mantengan en la impunidad. Según la CNDH, la inacción de las autoridades ha facilitado que redes de delincuencia organizada operen con libertad, perpetuando la violencia en la región.
Ante esta situación, la CNDH hizo un llamado a que el caso sea tratado como parte de un esfuerzo estatal para brindar mejores oportunidades a los jóvenes del país, evitando que sean coaccionados o reclutados por organizaciones delictivas.
Asimismo, enfatizó la necesidad de llevar a cabo una investigación transparente y diligente para esclarecer los hechos y garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la no repetición para las víctimas y sus familias.
El organismo pidió a las autoridades locales, estatales y federales asumir su responsabilidad y actuar con prontitud y eficacia. También advirtió sobre el riesgo de desinformación en el caso, señalando que algunos medios de comunicación e intereses particulares podrían distorsionar la realidad en lugar de fomentar la transparencia.
La sociedad de Jalisco y del país sigue a la espera de respuestas claras sobre este hallazgo, que pone en evidencia los desafíos en la lucha contra la violencia y la desaparición forzada en México.