La nueva Ley de Presupuesto y Gasto Público en Puebla contempla una iniciativa para reducir los recursos a municipios en el estado y demás organismo e instituciones bajo un esquema de "Medidas de Racionalidad y Eficiencia en el Ejercicio del Presupuesto de Egresos", con lo que se busca controlar salarios, prestaciones a personal y gastos en general.
El gobierno estatal es el que ha promovido dicho plan en espera que el Congreso del Estado la apruebe, y con ello realizar recortes presupuestarios y limitar el gasto mediante ciertos requisitos y obligaciones que deben cumplirse.
Como ejecutores del gasto la ley contempla a municipios, secretarías de estado, Poder Legislativo y órganos públicos descentralizados, tales como la Comisión de Derechos Humanos (CDH), el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el Instituto Electoral del Estado (IEE) y la Auditoría Superior del Estado (ASE), entre otros.
Parte de la iniciativa contempla también que lo no devengado dentro del ejercicio público sea devuelto y cuando hayan pasado tres meses del acumulado, sea el ejecutivo del estado (gobernador) quien determine en qué se utilizarán dichos recursos.