Lo que ocurrió la semana pasada y que terminó con una denuncia en contra del Secretario General del Ayuntamiento, Eduardo Ramos Santos, al señalarlo como el responsable de las alteraciones que se hicieron en un acta de cabildo es sumamente grave, pues independientemente a su contenido, la alteración de cualquier documento oficial es un delito, así lo considera el ex síndico municipal del gobierno anterior de Ernestina Fernández Méndez, quien dijo qué sería necesario qué se revisen todos los libros de cabildo, por qué existe esa desconfianza de qué se pudieron haber manipulado las anteriores.