Denuncian a presidente, director de SP y jurídico de Chilac
Una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción fue interpuesta por particulares en contra del presidente municipal de San Gabriel Chilac, Aarón Sertorio Gómez, el director de Seguridad Pública (SP), Alfredo Juárez Olguín, y el director del área jurídica, Fredy Odilon Rivera de los Santos, por los delitos de despojo y abuso de autoridad; al tratar de apropiarse de un predio de más de 5 mil metros cuadrados. Además que podrían enfrentar otra demanda por daños y perjuicios, por más de un millón de pesos.
La denuncia 115/2023 fue presentada por Gisela Reyna Martínez Martínez y su representante legal, Tomás Calderón; el abogado explicó que el presidente municipal de Chilac junto con los otros dos funcionarios presuntamente cometieron violaciones a derechos humanos y delitos en contra de su representada; luego que el pasado 5 de febrero del año en curso Sertorio Gómez acompañado aparentemente de Juárez Olguín y Odilon Rivera, "se metieron en un predio privado, de forma anómala e ilegal", el cual estuvo en litigio por más de 10 años.
El abogado explicó que durante ese tiempo ganaron la primera, segunda y tercera instancia, y aunque en su momento la persona que le vendió el predio a la actual propietaria promovió amparos, Gisela Martínez ganó el proceso. Retomó que dentro del conflicto actual se presentó una persona que se identifica como activista en Tehuacán y la región (principalmente La Sierra Negra), quien argumentó que ganó un juicio agrario donde se determinó que varías hectáreas del terreno son de su propiedad y de comuneros, incluida el terreno en cuestión, cuyas escrituras están a nombre de su representada, dijo.
"Si el municipio quiere recibir un inmueble por medio de donación, lo primero que tiene que hacer es verificar las medidas y colindancias; es decir, para este caso, si es verdad que el predio en cuestión le pertenece al activista, por medio de juicios de apeo y deslinde (a través de peritos)", y no puede posesionarse del inmueble, sino que tiene que convocar a las personas en conflicto, y enfrentarse en un juzgado, aun cuando el supuesto fin que el Ayuntamiento quiere darle al predio, es la construcción de oficinas para los ramales de agua.
Con todo ello, también fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) el activista y otros representantes de ramales o bienes comunales que supuestamente están donando el terreno; fue presentado un juicio de amparo para que el presidente municipal cese el hostigamiento y disposición del inmueble, además que presentarán otra demanda por daños y perjuicios, por más de un millón de pesos, que tendrá que pagar del erario público de la comunidad, al ser una violación a derechos humanos flagrante y determinante contra la dueña, quien ya pretendía vender su bien y esta situación le afectó, expuso Calderón.