Para la diputada y presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Puebla, Vianey García Romero, la suspensión provisional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para poder disolver al ayuntamiento de Tehuacán, no es un avance en favor del gobierno local, sino una pausa para revisiones a detalle que puedan demostrar las anomalías que se les atribuyen a los regidores.
García dijo que se presentará la documentación necesaria ante la SCJN para corroborar los fundamentos que el Congreso del Estado consideró suficientes para iniciar un proceso de disolución del ayuntamiento.
El falló temporal de suspensión al caso se emitió el 1 de septiembre pasado, y a decir de la legisladora no se trata de una razón concedida al gobierno de Tehuacán, sino una revisión profunda que puede derivar en modificaciones o revocaciones de las causas.
Además, reconoció que tanto el presidente y los regidores que han promovido amparos sobre sus derechos político-electorales, cumplen su garantía de defensa, aunque no significa que se lo correcto.