En relación a secrecidad de los exfuncionarios municipales que tienen pendientes con la actual administración y que están bajo un proceso de evaluación ante la Auditoría Superior del Estado, la ley evita que se den a conocer los nombres de los involucrados, sin embargo, lo que sí se puede informar son los montos por lo cuales se les inició un procedimiento, así como el área que ocupaban, sea dirección o coordinación.
Dependiendo el grado del problema detectado, es que se hace saber a la Auditoría Superior del Estado o en su defecto ante instancias penales, deslindando a la autoridad municipal de hacer el proceso. La ley de Procedimientos Administrativos, contempla que las autoridades actuales tienen un año para iniciar los procedimientos, entregando los expedientes que se supone se agregaron en las actas de entrega recepción, detallando esas deficiencias.