Luego de viralizarse un video sobre un caso de bullying en una escuela particular de la ciudad, sumado al caso que conmocionó a nivel nacional por la muerte de Norma Lizbeth en el Estado de México, así como los 5 casos atendidos en Tehuacán por el Colectivo Efecto Mariposa en el primer trimestre de este 2023, en donde incluso se ha señalado la falta de aplicación de los protocolos de sana convivencia por parte de instituciones educativas, el abogado Tomás Calderón Alfaro ha compartido que la omisión para atender estas situaciones puede ser denunciada y tener consecuencias legales.
Calderón Alfaro explicó que muchas veces los padres de familia o tutores desconocen como proceder legalmente para exigir que las autoridades educativas den la atención oportuna a los casos de bullying o violencia escolar, sin embrago pueden recurrir a una demanda contra la escuela, ya sea pública o privada, al profesor responsable e incluso al mismo gobierno en caso de que se trate de un plantel público.
En este sentido, en caso de tratarse de un plantel privado la demanda debe hacerse por la vía civil en el Centro Integral de Servicios, en tanto que si se trata de una escuela de gobierno debe realizarse por la vía administrativa ante el Tribunal de Justicia Administrativa en la ciudad de Puebla, no obstante en ambos casos son procedentes y pueden derivar en sentencias de indemnización millonaria para el menor afectado, que cubran el daño moral, físico, intervenciones médicas y psicológicas.
Pese a este recurso legal que existe y defiende a las víctimas de bullying o violencia escolar de la negligencia de las instituciones educativas, desde hace aproximadamente 10 años, el abogado dijo que lamentablemente en Tehuacán estas demandas no son tan frecuentes, pues los padres lo desconocen o simplemente tienen miedo de demandar a las escuelas y autoridades educativas, pues muchas veces se critica que lejos de la reparación del daño, los demandantes lo hacen por el interés económico, sin embargo el hecho de que las instituciones educativas se vean presionadas a pagar indemnizaciones millonarias por omisión en casos de bullying ayudaría a reducir estas problemáticas de convivencia, pues los directivos de escuelas se esforzarían en prevenirlos.