Tras las denuncias de padres de familia contra los directivos de la Unidad Educativa Porfirio O. Morales por la atención tardía a los 9 estudiantes intoxicados con aparentes sustancias ilícitas, el especialista en derecho, Tomas Calderón Alfaro, explicó que ante esta situación los padres de familia tienen la facultad de proceder legalmente contra la institución por la negligencia para atender el caso.
Esto debido a que las escuelas están obligadas a garantizar la seguridad e integridad de los menores mientras estén al interior de la instalaciones, así como proporcionar la atención médica que requieran, ya sea por el seguro o por un médico de los planteles.
En este caso, mencionó que en casos como estos, si es una escuela pública, la denuncia se puede presentar ante el Tribunal de Justicia Administra y si es una institución privada, ante el Juzgado Civil, y se pude pelear por una indemnización y la cantidad va dependiendo del daño a la salud del menor, sobre todo si la falta de atención pronta derivó en un perjuicio a la salud de los menores, ya que puede calificarse como omisión.
Aunado a ello, en caso de que de confirme que si se debió a sustancias ilícitas introducidas por un alumno, puede haber consecuencias penales para él, pero el tema debe ser tratado o juzgado como menor de edad, pues de acuerdo al contexto se entiende que fue un caso no doloso, es decir, por la negligencia del infante.