Si bien, hace unas semanas la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó al estado de Puebla para que implemente de manera urgente todas las acciones y recomendaciones derivadas de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra la Municipal (AVGM), porque en 2022 no emitió ninguna y en 2021 solo una, los municipios están en penumbras, por lo que tras los presuntos feminicidios y el incremento de la violencia contra dicho sector en Tehuacán, colectivos estatales solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) que emita un exhorto específico para esta demarcación.
Y es que la violencia feminicida ya es grave, y lo peor es que las autoridades demuestran que tienen un nulo respeto y estima por la vida de las mujeres, de los que Tehuacán es el primero; además que cada vez es más constante que otras características o fenómenos sociales atraviesan la vida de las mujeres, lo cual conlleva a feminicidios; por lo que es urgente un análisis geopolítico y social del territorio que ocupan las mujeres a nivel municipal.
Ya que un feminicidio presenta diversas condiciones geo-políticas, sociales, culturales, económicas, educativas, ya que cada vez se presentan más casos de este tipo que tienen que ver con la delincuencia organizada y no solo con las causas habituales como violencia familiar, sexual, entre otras. Puesto que mientras Tehuacán carezca de ese análisis difícilmente va a desarrollar acciones sustantivas para la prevención, atención y erradicación de la violencia feminicida, así como el crecimiento de presuntos ajustes de cuentas hacia mujeres, que también es "un foco rojo".
Es decir, debe conocerse y delimitarse qué tipos de grupos delictivos están operando en Tehuacán, el tipo de violencia que se documenta en las instancias municipales del territorio, el tipo de relatoría que tienen las y los primeros respondientes que atienden las violencias denunciadas, eso permitirá un mapa de referencia. Aunado a que muchos de los feminicidios tienen antecedentes de denuncias ante las fiscalías, otras instancias o hacia redes de apoyo de la víctima.
"Estamos cansadas de cursos de perspectiva de género, de tallercitos, urgen acciones sustantivas y reales que puedan incidir en la prevención, educación y seguridad, aunque tal pareciera que todos los exhortos son llamados a misa, todo recae en la voluntad política y los alcaldes deben considerar que tienen 1 año y 10 meses para concluir su mandato. El estado junto con municipios debe establecer una estrategia concreta con la fiscalía, instancias municipales, primeros respondientes, cadenas de custodia, entre otras", comentó Edurne Ochoa, presidenta de 33 Mujeres AC.