Por cámaras empresa señaló al Ayuntamiento. Autoridades: Fiscalía solicitó información
Luego que fueran hechos públicos los supuestos oficios que la empresa MARPA quien fue contratada por la pasada administración para el mantenimiento de 237 cámaras de vigilancia, envío al Ayuntamiento actual, donde señala una serie de irregularidades no solo en el proceso de notificación por las autoridades sobre las fallas que presentaban los equipos, el estado en el que fueron encontrados, sino que acusó que presuntamente de manera reiterada habían ocurrido accesos al sistema de video vigilancia por personal ajeno tanto a la empresa y en algunos casos al mismo Ayuntamiento.
Autoridades actuales argumentaron que el contrato entre la pasada administración municipal y la empresa MARPA para el mantenimiento correctivo y preventivo para las cámaras que supuestamente fue de 3 millones de pesos, 2.5 aportados por la pasada gestión y 500 mil pesos por las autoridades actuales; se trató de una inversión que no funcionó puesto que les entregaron los equipos funcionando de manera independiente y no entrelazados, y ya que no había un equipo con la capacidad de guardar la información de todas las cámara, cuando querían revisar algo, la cámara guardaba la información en un dispositivo, para luego consultarlo a fin de obtener la información.
Armando Ramírez San Juan, regidor de Gobernación en Tehuacán, añadió que incluso el tema de las cámaras fue parte de la información que solicitó la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Sin embargo en los documentos filtrados, supuestamente la empresa indicó que durante los primeros días de la actual administración realizaron una revisión al sistema, de la que el personal asistente pudo constatar el correcto funcionamiento y visualización del sistema.
Para la primera semana de marzo de 2022, tras 14 visitas realizadas por la empresa al Ayuntamiento para cobranza, les notificaron de manera verbal la falla del sistema y les hicieron saber el dictamen por una empresa externa de los primeros días de enero de ese año, donde se indicó que supuestamente solo el 6 % del sistema se encontraba operable. Por lo que fue asignado un residente de obra para los trabajos de diagnóstico y adecuaciones necesarias para el funcionamiento del sistema.
Sin embargo en el oficio la empresa realiza una serie de cuestionamientos a la actual administración por ejemplo, sobre cómo pudieron informar que el repetidor no estaba funcional si supuestamente en las instalaciones de Seguridad Pública no hay equipos de visualización por los cuáles se pueda detectar el funcionamiento de este, en ese momento en las instalaciones del CERIT no había personal capacitado para saber si algún repetidor funcionaba o no, además que si bien ese personal podía visualizar las cámaras no sabía de qué repetidor recibía o transmitía la señal cada una o si venía de forma directa del punto al CERIT.
Abunda que en su momento dos postes en pleno centro presentaron cortes en la alimentación eléctrica, siendo de alimentación subterránea, cuestionaron quién tiene acceso para abrir los registros subterráneos y con qué finalidad lo hicieron; para finales de abril del año pasado supuestamente la empresa había detectado 3 PMI del centro de la ciudad, con cortes en cables de tierra, los gabinetes de varios PMI fueron encontrados con movimientos de los componentes y desorden anormal interior, sin señal de robo, fueron detectadas además cambios en las direcciones IP de algunos de los enlaces de los PMI, imposibilitando con esto la comunicación de los mismos hacia su repartidor asignado, por lo que cuestionaron quién cambió las direcciones y cuál era su objetivo de que no se vieran en el CERIT las cámaras correspondientes, preguntaron cómo obtuvieron los accesos y contraseñas para ello; se lee en parte del documento.
"Desde un inicio el tema ha sido muy complicado, con esto no quiero eludir alguna responsabilidad que le corresponda a esta administración, porque se ha solicitado que si algo está mal se asuma la responsabilidad y se castigue a los responsables", comentó San Juan. Quien incluso señaló que no hubo un proceso de entrega- recepción de los equipos y que presuntamente algunos elementos de seguridad pública dijeron que les insistieron en que firmaran de recibido, pero se negaron porque "no estaba todo bien"; tras citar a la empresa para dialogar contemplaron dos opciones regresar la totalidad del dinero a la federación "porque era un recurso no ejercido" o ampliar los días del contrato para su cumplimiento.
"Cuando se le pide a la empresa que venga argumenta que los equipos se movieron, que ya fallaron, que el centro de carga no es suficiente y que no estaba dentro del mantenimiento entonces no estuvo completo ni adecuado el contrato que hicieron... si no estuvo bien hecho hay un daño al erario público", dijo.
Destacó que por todo ello desde el año pasado le solicitaron a Contraloría Municipal una investigación en relación a las cámaras de vigilancia, para fincar responsabilidades. Ya que de las 237 actualmente funcionan 100.