La mañana de este lunes, posterior a una asamblea general de padres de familia de la escuela Secundaría Jorge L. Tamayo de Tehuacán, se manifestaron en el auditorio María Antonioeta Vázquez Vazquez, exigiendo la intervención de la Secretaría de Educación Pública, frente a la serie de anomalías cometidas y/o por omisión, por parte de la dirección del plantel.
Si bien destacaron que en el turno matutino hay un aproximado de 880 alumnos y que en la junta general de esta mañana solo cerca de 380 padres de familia estuvieron presentes, durante el desarrollo de la misma se fueron saliendo, hasta el punto de que solo 94 votaron por el cambio del comité de padres de familia que supuestamente fue impuesto por la dirección de la institución, por lo que acusaron que se trató de un procedimiento ilegal, de acuerdo al reglamento del propio comité de padres.
Fuera de todo ello, indicaron que lo "grave" es que durante la asamblea no se tocaron temas como la presunta introducción y venta de drogas en la escuela, puesto que incluso aseguraron que en lo que va del ciclo escolar al menos en dos ocasiones los aprendientes han reportado el consumo de sustancias tóxicas por sus compañeros de clases; aseguraron que supuestamente la semana pasada un menor ingirió dichas sustancias en el salón de clases por lo que registró desorientación, y un comportamiento anormal, a raíz de ello la prefecta le pidió a los menores que redactarán y firmarán lo que habían visto, situación que molestó a algunos padres ya que argumentaron que sus hijos fueron expuestos.
Indicaron que la dirección del plantel ya tiene conocimiento desde el ciclo escolar pasado de dicha situación, así como de la introducción de pastillas para dormir que son consumidas por los menores en el plantel, puesto que se ha venido registrando desde años anteriores; incluso el año pasado los padres de familia aseguraron haber autorizado la aplicación del operativo "mochila segura", pero nunca fue aplicado. Así también acusaron que los docentes no permiten que los docentes salgan al baño, y las alumnas tienen que cambiarse de ropa para hacer actividades físicas dentro de los salones de clases incluso frente a sus compañeros, por lo que consideraron que sus derechos fundamentales están siendo afectados.
Otra de las exigencias fue la rendición de cuentas sobre lo que se genera producto de la renta del auditorio de la escuela ya que indicaron que dicho monto no ingresa a la escuela, por todo ello exigieron la intervención de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para que tome cartas en el asunto.