Tehuacán y Miahuatlán violaron derechos a la vida; exhorta CDH
La Comisión de Derechos Humanos en Puebla, logró acreditar que en septiembre de 2022 tres personas que viajaban a bordo de un auto particular sobre la carretera Azumbilla- Tlacotepec de Díaz fueron perseguidos por elementos de la policía municipal de Tehuacán y Santiago Miahuatlán, sin motivo alguno y agredidos a disparos, los proyectiles alcanzaron a dos de ellos y uno perdió la vida, por lo que emitieron una recomendación a los presidentes municipales de ambas demarcaciones, por violación a los derechos humanos, a la vida, a la integridad, a la seguridad personal y a la protección a la salud en agravio de dichas personas.
Los hechos han evidencias integran el expediente 6448/2022 y su acumulado 7015/2022, cuenta con los elementos suficientes para acreditar que el 12 de septiembre de 2022 las víctimas viajaban a bordo de un vehículo tipo tractocamión, a la altura del municipio de Nicolás Bravo, cuando policías de Tehuacán y Santiago Miahuatlán sin motivo ni fundamento los agredieron con armas de fuego, los proyectiles alcanzaron a dos personas, una de ellas murió en el lugar de los hechos.
La tercera persona fue bajada de la unidad por policías, quienes lo golpearon, mientras que un policía adscrito al municipio de Santiago Miahuatlán se acercó al vehículo y observó a las víctimas e informó a elementos de Tehuacán, pero ninguno de los policías que estuvieron presentes realizó alguna acción para que se les brindará atención médica de urgencia, a las víctimas.
Por todo ello la CDH Puebla emitió una serie de recomendaciones al presidente municipal de Tehuacán Pedro Tepole Hernández, y al de Santiago Miahuatlán Omar Toledo Balderas, como el proporcionar a las víctimas una reparación integral, que incluya una compensación justa, la cual deberá comprender las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, proporcionar atención victimológica hasta que alcancen su satisfacción física y emocional.
Deberá hacerse cargo de una indemnización económica para las víctimas, dar vista a Contraloría Municipal para la determinación de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos que tuvieron participación en los hechos. Así como para la implementación de operativos de seguridad pública, legales, con uso de cámaras fotográficas, de video grabación y grabación de audio para almacenamiento en una base de datos, para verificar la actuación de los servidores públicos.
