Este mes la revista Proceso dio a conocer un reportaje en la que los colectivos de personas desaparecidas de Nayarit acusaron a funcionarios públicos de la actual administración estatal de tener nexos con el ex fiscal, Edgar Veytia y en consecuencia de bloquear las investigaciones sobre desapariciones forzadas.
Según la investigación, en total se tienen detectados 8 funcionarios que estuvieron al servicio del narco fiscal, 2 de ellos teniendo altos cargos en la actualidad.
El primero es José Manuel Delgadillo Cruz quien se desempeñó como Director General de Investigación Ministerial y que actualmente funge como subdirector de Investigación Ministerial y Enlace Operativo en Materia de Derechos Humanos.
Otra funcionaria a la que se le recalcó múltiples intentos de bloquear investigaciones sobre desapariciones forzadas en el sexenio anterior es Yayori Denisse Villasana Monroy quien irónicamente es actualmente es la Fiscal Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas.
Los otros nombres que aparecen son los ministerio públicos Francisco Rodríguez, Vladimir Brito, Karenya Luna, los comandantes Alfonso Hernández, Omar Tirado y Francisco Ansaldo, todos ellos trabajando actualmente en la Fiscalía General de Nayarit y la Policía Estatal Preventiva.
La organización IDEHAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos estima que durante la administración pasada se registraron más de mil desapariciones forzadas, es por eso que en conjunto con 4 colectivos de personas desaparecidas de Nayarit recurrieron ante la ONU para obligar al estado mexicano a acelerar las investigaciones. En esta resolución se le exigió a la Fiscalía General de Nayarit el dar resultados a 39 carpetas de investigación, sin embargo 7 meses de esto la fiscalía no ha dado resultados.