En opinión del diputado Javier Mercado, presidente de la comisión de justicia y derechos humanos, los amparos federales obtenidos por exfuncionarios que enfrentan juicios políticos limitan las acciones que se pudieron hacer en los estados. Por ejemplo en el caso de Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, el señalamiento de los gobiernos federales de Estados Unidos y México, deberían bastar para que a la legislatura local se le permitiera ejecutar la sentencia de inhabilitación y proceder con las denuncias penales que hay en su contra y que están en manos de la Fiscalía General del Estado, pues la vinculación que hacen con los grupos delictivos, así como las denuncias ciudadanas que lo implican en delitos graves, deberían ser pruebas suficientes para continuar con las investigaciones y dejar de emitir amparos.
Por otra parte los casos de los magistrados del Tribunal Administrativo, están pasados por la misma razón, los amparos emitidos por jueces federales que en la búsqueda da proteger los derechos humanos de los implicados, se han vuelto inflexibles ante una posible colaboración de los estados en temas de interés federal como es el combate a la corrupción.