La Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió una recomendación a la Fiscalía General de Nayarit y la MARINA, por haber usado fuerza excesiva durante un arresto en 2017 y que derivó en la muerte de 3 personas, entre ellas una mujer con 6 meses de embarazo.
Los hechos ocurrieron en abril del 2017 cuando elementos de la MARINA fueron alertados de la presencia de sujetos armados que estaban intentando ingresar en un domicilio, al llegar al lugar los elementos fueron recibidos con disparos de arma de fuego por lo que actuaron en consecuencia usando fuerza letal para intentar disuadir a los agresores, resultando todo en la muerte de las 3 personas. En las investigaciones se determinó que hubo violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la vida por el uso excesivo de la fuerza.
El 3 de mayo la CNDH recibió la queja por parte de la Comisión Estatal en contra de las organizaciones y sus titulares: almirante José Rafael Ojeda Durán y Petronilo Díaz Ponce Medrano.
En la recomendación 47VG/2021 se solicita al titular de la SEMAR, que en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, proceda a la reparación integral del daño provocado a los familiares de las víctimas, que incluya atención psicológica y tanatológica, así como una compensación y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas. Recomendó también, que se imparta un curso integral en materia de derechos humanos a los servidores públicos que realicen labores de patrullaje en la ciudad de Tepic, con énfasis en las disposiciones contenidas en el Manual del Uso de la Fuerza, y dotar con equipo de video-grabación a las unidades utilizadas para la realización de operativos, en los que exista contacto con la población civil, para que se pueda tener evidencia de su actuar en todo momento.
A la Fiscalía de Nayarit le solicitó analizar las constancias de la carpeta de investigación y se realicen las actuaciones necesarias con las que se logre una investigación exhaustiva de los hechos, colaborar ampliamente en las quejas que esta Comisión Nacional formule ante el Consejo Técnico de Carrera Policial por las acciones y omisiones en que incurrieron personas servidoras públicas de la Fiscalía en el desempeño de sus funciones; y se imparta un curso integral en materia de derechos humanos al personal del área de investigación de homicidios, con énfasis en las disposiciones contenidas en el Protocolo Minnesota.
CON INFORMACIÓN DE EL UNIVERSAL