Con la validación de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, el Congreso del Estado de Nayarit, oficializa la negativa para que deudores alimentarios no puedan acceder a cargos públicos, visibilizando el reclamo de las mujeres e infancias que han sido violentadas.
Dicha reforma, "-aplicable para todo el país-, sanciona a quienes cometen delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad, la violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos y por ser declarada como persona deudora alimentaria y morosa", señala un comunicado de la 33 legislatura.
Las modificaciones a los artículos 38 y 102 de la Constitución federal, consideran lo siguiente, "las personas que hayan violentado a una mujer de forma física, sexual o política y quienes estén registrados como deudores de pensión alimentaria serán inhabilitados como funcionarios públicos, ello con el propósito de velar por el interés superior de la niñez y generar mejores condiciones de convivencia social".
El pasado 22 de mayo, la legislatura, aprobó las reformas a la Constitución local en materia de paridad de género, las cuales en su conjunto establecen que quienes aspiren a un cargo público o de elección popular no deberán encontrarse inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el Estado de Nayarit o en otra entidad federativa; ni en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.