Los pobladores de Camichin de Jauja, en el municipio de Tepic, se manifestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para exigir la liberación de sus autoridades comunales, detenidas bajo circunstancias que consideran irregulares. Los manifestantes pidieron la intervención del Fiscal General, Petronilo Díaz, y del Gobernador Miguel Ángel Navarro, señalando que los detenidos fueron apresados con engaños tras el multihomicidio ocurrido el pasado 17 de noviembre en las afueras del salón de usos múltiples ejidal.
Según los testigos, Cristian Adolfo Martínez, presidente del comisariado ejidal y trabajador en la clínica de salud de la colonia Matatipac, fue detenido de manera ilegal por elementos de la Fiscalía mientras se encontraba laborando como dentista. La detención se produjo en relación con los hechos violentos ocurridos la madrugada del lunes, aunque hasta el momento no se ha esclarecido la causa exacta de su arresto. Además, Natividad Ramírez, juez auxiliar, y Carlos Enrique Zavala, presidente del Comité de Acción Ciudadana, fueron igualmente arrestados en sus domicilios bajo el pretexto de ser llamados a declarar sobre el incidente.
Asimismo, Francisco Javier Cruz, secretario del Consejo de Vigilancia del comisariado ejidal, fue detenido cuando circulaba por las calles del ejido. Los tres detenidos, al igual que los otros, enfrentan acusaciones formales de "Cohecho y Resistencia de Particulares", cargos que los manifestantes consideran fabricados para justificar lo que describen como una detención ilegal mientras se prepara una investigación más detallada. Los detenidos son hombres de trabajo, campesinos y empleados públicos, a quienes los pobladores defienden como personas honestas.
Los habitantes de Camichin, unidos por fuertes lazos de solidaridad, expresaron su rechazo a las acusaciones y señalaron que sus autoridades no tienen vínculo alguno con los homicidios ocurridos fuera del salón de usos múltiples, ni con la pelea de gallos que presuntamente tuvo lugar en la misma área. Los manifestantes insistieron en que corresponde a las autoridades competentes investigar a los responsables de estos eventos violentos, y destacaron que tanto ellos como sus familias temen por su seguridad personal al involucrarse en estos asuntos.