El Estado debe garantizar protección y seguridad a quienes han sido víctimas de delitos de lesa humanidad, así como a sus familias. Sin embargo, en Coahuila esto no sucede.
Una investigación de Semanario Vanguardia y Heridas Abiertas reveló que, desde 2018 hasta noviembre de 2024, la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila emitió 410 recomendaciones por incumplimiento de la Ley General de Víctimas. De estas, solo 42 se han cumplido; 274 están en proceso y 94 permanecen pendientes, parcialmente cumplidas, canalizadas o rechazadas. En cuanto a la CNDH, las 22 recomendaciones dirigidas a instituciones de Coahuila siguen en "trámite".
"Básicamente no les hacen caso a estas recomendaciones. Tenemos casos en Coahuila con muchas recomendaciones que el Estado tampoco ha cumplido. La Comisión de Derechos Humanos debería ser más fuerte y presionar más a las autoridades para que se hagan efectivas", dijo María Eugenia Arriaga, del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios.
Reparación del daño: un derecho ignorado
La reparación integral del daño no solo incluye el aspecto económico, sino también medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, las cuales deben ser proporcionadas por los tres niveles de gobierno.
"Los factores de riesgo que colocaron a las víctimas en situación de vulnerabilidad deben ser erradicados. Es decir, condiciones de pobreza, desempleo y exposición a explotación o situaciones de orfandad", dijo Lucía Razo, abogada, Red de Mujeres de La Laguna.
Entre los casos más representativos está el de las buscadoras de personas desaparecidas, quienes enfrentan una crisis de violencia y carecen de apoyos estructurales para su seguridad y bienestar.
"No están atendiendo los factores de riesgo que las colocaron en esta situación ni los que surgieron después. Las mantienen en un estado estático de desprotección que las expone a seguir siendo víctimas de otros delitos y violaciones a derechos humanos", agregó Razo.
La omisión de las autoridades perpetúa la revictimización y pone en riesgo el acceso a la justicia. Especialistas y organizaciones insisten en la urgencia de voluntad política y acciones concretas para hacer efectiva la Ley General de Víctimas y evitar que la impunidad continúe dominando la entidad.