Las organizaciones civiles y las víctimas han manifestado su preocupación por las irregularidades sistemáticas en la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif). Recientemente, el caso de un excolaborador de la dependencia, inicialmente investigado por adopción ilegal y finalmente sentenciado por abuso de la función pública, ha encendido las alarmas. Este caso es considerado como una muestra de que los problemas dentro de la institución son persistentes y requieren una investigación a fondo.
Irregularidades no sólo en adopciones
Elizabeth, madre de una víctima de violación, manifestó su indignación y exigió que se investigue a fondo a todo el personal. "Que investigue a cada y uno de ellos porque tal cual como es este funcionario hay más y no confío en ninguno de ellos."
La mujer compartió además su experiencia personal, revelando que denunció ante la institución las violaciones sexuales sufridas por su hija, a manos de su padrastro, ocurridas desde los 6 hasta los 12 años. Sin embargo, la Pronnif consignó el caso simplemente como abuso sexual, lo que derivó en una sentencia considerablemente reducida. En la primera audiencia, según relata Elizabeth, no estuvo presente debido a que no se lo informaron.
"En la primera audiencia la licenciada Monserrat, de Pronnif, nunca me avisó y dijo que ya todo estaba y que no había necesidad de que yo fuera, que ella había declarado ahí todo lo que sabía y que ya se había quedado registrado, sin importar lo que él hiciera, él no podía salir", dijo.
La madre denunció además una serie de irregularidades que afectan no solo la atención a las víctimas, sino el funcionamiento general de la institución, siendo estas:
Falta de información y orientación jurídica para las víctimas y sus familias.
Uso de juicios abreviados que reducen significativamente las penas para los agresores.
Expedientes manejados por múltiples funcionarios sin supervisión centralizada.
Falta de sensibilidad en el manejo de casos delicados.
El caso culminó en una sentencia contra Eduardo "N", quien fue condenado a 4 años y medio de prisión y obligado a pagar 35 mil pesos como reparación del daño por el delito de abuso sexual, además de recibir el beneficio de libertad condicional por 2 años y medio.
Llamado a la acción
La madre de la víctima sospecha que existen acuerdos entre algunos funcionarios de la Pronnif y los agresores, lo que ha llevado a hacer un llamado urgente a las autoridades para que se lleve a cabo una depuración interna. Su exigencia es clara: garantizar el acceso a la justicia para las niñas y niños afectados y asegurar que el interés superior de los menores sea siempre la prioridad en todas las decisiones institucionales.
Ante estas denuncias, diversas organizaciones y colectivos sociales se suman al reclamo por una investigación integral en la Pronnif que permita proteger de manera efectiva a la infancia y garantizar que ningún caso de abuso o negligencia vuelva a quedar impune.
Las campañas para la histórica elección del Poder Judicial en México arrancaron el 30 de marzo, marcando el inicio de un proceso inédito en el país.
El próximo 1 de junio, los ciudadanos votarán para renovar 881 cargos federales, entre ellos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), jueces y magistrados, en una jornada que promete ser una de las más complejas en la historia electoral.
Un total de 3,422 aspirantes competirán por los distintos puestos judiciales, incluyendo 63 candidaturas para la SCJN. Además, se elegirán magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), jueces de tribunales federales y miembros del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
El Instituto Nacional Electoral (INE) estima que 99.7 millones de mexicanos podrán participar en los comicios, en los que se habilitarán más de 84 mil casillas en todo el país. Para garantizar el correcto desarrollo de la jornada, se requerirá la colaboración de 1.55 millones de funcionarios de casilla.
Uno de los retos de la elección es la cantidad de boletas que recibirá cada votante. Se repartirán seis boletas diferenciadas por colores para facilitar la selección de candidatos en las distintas categorías. La votación para la SCJN, por ejemplo, exigirá elegir cinco mujeres y cuatro hombres de una lista de 63 aspirantes.
A diferencia de otros procesos electorales, los candidatos no recibirán financiamiento público para sus campañas. Deberán promocionarse a través de redes sociales, entrevistas y eventos, utilizando únicamente recursos propios con montos que van desde los 220 mil pesos hasta 1.46 millones de pesos, dependiendo del cargo al que aspiren.
Además de la elección federal, en 19 estados también se renovarán sistemas judiciales locales, sumando 1,787 cargos adicionales en tribunales estatales. Entidades como Baja California, Chihuahua y Ciudad de México elegirán a decenas de jueces y magistrados, ampliando el impacto de estos comicios.
La elección ha generado opiniones divididas. Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum y el oficialismo defienden que este proceso fortalecerá la democracia y hará más transparente la justicia, críticos y organismos internacionales han expresado preocupaciones sobre la posible intromisión del Ejecutivo y del crimen organizado en el Poder Judicial.
México se prepara para una jornada electoral sin precedentes, donde el voto ciudadano determinará el futuro de la impartición de justicia en el país.
Un hombre resultó lesionado luego de quedar atrapado en su vehículo tras un accidente ocurrido al mediodía de este domingo en el libramiento carretero de Tepic.
Según los primeros reportes, el exceso de velocidad y el consumo de alcohol habrían provocado que el conductor de un automóvil Camry azul perdiera el control y se estrellara contra un muro de concreto a la altura de los centros botaneros.
Equipos de emergencia llegaron al lugar y utilizaron las "quijadas de la vida" para liberar al conductor, quien quedó atrapado entre el tablero y el motor; tras 20 minutos de maniobras, fue rescatado y trasladado a un hospital para recibir atención médica.
Tras la celebración del Día del Ganadero en la Expo Ganadera de la Feria Nayarit 2025, y en busca de fortalecer el campo en Nayarit, el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, sostuvo una reunión la mañana de este domingo con Isaías Solórzano Manzano, representante estatal de la Procuraduría Agraria.
Durante el encuentro se acordó fortalecer la coordinación entre ambas instituciones para garantizar justicia en el sector agrícola y proteger a las familias que dependen de esta actividad.
Aunque se destacó la importancia de esta colaboración, no se anunciaron estrategias o acciones concretas para llevar a cabo estos objetivos; se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre las medidas que se implementarán en este sentido.