La Corte Suprema de Estados Unidos informó que mantendrá vigente el polémico Título 42, una ley de la era de la pandemia, que obliga a los migrantes a permanecer en la frontera con México.
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que una medida de la era de la pandemia de Covid-19 utilizada desde 2020 para bloquear el ingreso de miles de migrantes al país debe permanecer vigente.
El fallo judicial, establecido por cinco votos contra cuatro, acepta, al menos temporalmente, una petición de 19 estados que alegaron que se verían desbordados por la llegada de migrantes si se levanta la norma del denominado Título 42 y se abre la frontera.
El tribunal, en una votación de 5-4, accedió a la petición de un grupo de fiscales generales estatales republicanos de dejar en suspenso la decisión de un juez que invalidaba dicha orden de emergencia, conocida como Título 42, mientras estudia si éstos podrían intervenir para impugnar el fallo.
Los Estados habían argumentado que el levantamiento de la ley podría provocar un aumento de los cruces fronterizos, que ya se encuentran en niveles récord.
El 19 de diciembre, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, miembro de la mayoría conservadora de este tribunal (6-3), accedió a mantener temporalmente el Título 42 mientras la institución estudiaba si prolongar la norma durante más tiempo. Antes de esta decisión, la ley expiraba el 21 de diciembre
El juez conservador Neil Gorsuch se unió a los tres miembros liberales del tribunal -los magistrados Sonia Sotomayor, Elena Kagan Ketanji Brown Jackson- para disentir de la orden del lunes que dejaba el Título 42 en vigor.
El Título 42 se implementó inicialmente en marzo de 2020 bajo el mandato del expresidente republicano Donald Trump al comienzo de la pandemia de Covid-19.
Joe Biden, presidente de Estados Unidos mantuvo las restricciones durante más de un año después de asumir el cargo en 2021 a pesar de haber prometido alejarse de las estrictas políticas de inmigración adoptadas por Trump.
Un grupo de migrantes solicitantes de asilo representados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) demandó al Gobierno estadounidense por esta política, argumentando que las expulsiones a México los exponían a graves daños, como secuestros o asaltos, y un juez les dio la razón.