Nombran a Gobernador enemigo público del magisterio

La sección 49 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación nombró al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero como el enemigo público número 1 de este sector de trabajadores, al sumarse al reclamo que han hecho los sindicatos de la burocracia luego de la aprobación de la ley del Fondo de Ahorro para el Retiro Digno de las Trabajadoras y Trabajadores y la Ley de Fondo Soberano Nuevo Nayarit, pues coinciden en que los derechos de los futuros trabajadores y trabajadoras se verán afectados.

Esta declaración fue hecho primero mediante un comunicado que publicaron en sus redes sociales oficiales, en el que explican cuáles serán las afectaciones que dejarán están nuevas leyes a los docentes cuando busquen gozar de su derecho de pensión y jubilación, así como de las medidas que habrán de tomar para mostrar su inconformidad, con ellas.

Así pues el texto manifiesta lo siguiente:

1.- Que las leyes carecen de la legitimidad y consenso de las y los trabajadores al servicio de los nayaritas, muy particularmente de quienes dedican su vida a la educación, pues se aprobaron bajo consigna y en una sesión realizada en lo "oscurito" y a espaldas del pueblo. Incluso señalan que llevarlos al poder, fue un error.

2. La ley tampoco cumple con el supuesto "objetivo de garantizar un retiro digno a las futuras generaciones de jubilados y pensionados", ya que en realidad quebranta el derecho humano a la seguridad social y contraviene las disposiciones constitucionales y los principios de diversos instrumentos internacionales ratificados por México.

3. La iniciativa aprobada viola lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que concibe el derecho humano a la segundad social como "la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de la familia".

4. Esta ley y los que la aprobaron contradicen las bases y los objetivo de equidad y justicia de la política de segundad social que promueve el Presidente Andres Manuel López Obrador, orientada a garantizar a todos los mexicanos, en particular a los trabajadores jubilados y pensionados el pleno goce de sus derechos económicos, sociales y laborales, que son fundamentales para el bienestar de sus familias.

5. Sostienen que el ejercicio de parlamento abierto, ha sido una mera simulación, ya que no se tomaron en cuenta las observaciones hechas por los sindicatos.

6. Estas leyes socavan los cimientos del Estado de Bienestar de la administración federal, pues al institucionalizar en la administración pública estatal de las cuentas individuales que se abrirán para cada trabajador, no existe un blindaje para asegurar el que dinero se deposita en dichas cuentas. La utilización de la UMA como referente para el pago de las pensiones afectará el monto final que puedan recibir. Al instituir un salario pensionable que según la ley es el promedio de los salarios base de cotización que percibió el trabajador durante los últimos días de su vida activa, es contrario a lo que dictan las leyes. Tampoco se clarifican los mecanismos de financiamiento para el pago de los actuales jubilados y pensionados de magisterio. No ofrece certidumbre de la situación de los trabajadores que de acuerdo a la ley vigente no han cumplido más de 15 años, por no contar con el derecho adquirido

En el comunicado aseguran que se acudirá a todas las instancias que sean necesarias, ejerciendo a plenitud los derechos y capacidades de acción y movilización, para buscar que estas leyes se revoquen.