En el congreso local se presentó la iniciativa que reforma el artículo 255 del Código Penal para castigar con mayor rigor a servidores públicos que perjudican las finanzas del erario público para enriquecerse.
La propuesta va encaminada a buscar justicia para hacer efectivas todas las penas a quienes traicionen su cargo público al no poder acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos sobre los que se conduzca como dueño.
La reforma al artículo 255 del Código Penal, considera que, "se sancionará a quien, con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito", el artículo considera sanciones de tres a seis meses y de dos a 14 años de prisión, según el monto evaluado del enriquecimiento.