Realiza la Procuraduría del trabajo inspecciones rutinarias para detectar a empresas que se niegan a otorgar seguridad social a los trabajadores, en conjunto con la dirección de previsión social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Este procedimiento consiste en acudir al lugar donde se realiza el trabajo e indagar a través de un pequeño cuestionario si los empleados cuentan con todas las prestaciones de ley. En caso de encontrar respuestas negativas se inclina un procedimiento administrativo, que busca conciliar entre las partes y llegar a un acuerdo para que sus derechos sean respetados.
Por otra parte si este acuerdo no llega a realizarse el caso se deriva a otra institución correspondiente como lo puede ser la misma secretaría de la previsión social o el Instituto Mexicano del Seguro Social para que sean ellos quienes sancionan a la empresa que falta a la ley del trabajo.
De acuerdo a datos proporcionados por la Proocuraduría de la Defensa del Trabajo, en estos recorridos se han encontrado aproximadamente 20 casos de trabajadores que no reciben seguridad social, principalmente porque los patrones creen correcto negociar esta prestación con los trabajadores.