Ayuntamientos deben controlar venta de agua en pipas, demandan diputados
La diputada Jezabel Delgado Flores presentó un exhorto que fue aprobado por unanimidad, para que los 125 Ayuntamientos y 56 organismos operadores de agua informen las acciones implementadas ante la crisis hídrica y que tomen medidas para controlar y sancionar la venta de agua en su modalidad de distribución por pipas y que se privilegie la distribución gratuita para uso doméstico, al considerar que, el vender el vital líquido por medio de pipas a las comunidades es igual a privatizar el agua.
Desde la tribuna, la diputada de Tlalnepantla explicó que el acceso de agua potable para uso doméstico en las comunidades urbanas y rurales en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), ya es crítica desde el 2023 y a la fecha, y que hoy afecta a 3.8 millones de personas.
Delgado Flores expuso que la crisis hídrica también es resultado de insuficiencia presupuestal, falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno, politización en las acciones de atención a los riesgos, concesiones para uso y explotación de pozos y cuerpos superficiales marcadas por la corrupción y los privilegios desde hace años.
"La crisis del agua de 2024, es una crisis humana antes que natural y existen grupos y gobiernos que están lucrando con la restricción al derecho de acceso al agua en diversos municipios y comunidades", subrayó la legisladora de Morena.
La representante popular enfatizó que una de las modalidades de suministro de agua potable es la utilización de pipas de agua, pero desde hace tiempo, diversas empresas y grupos han construido una economía en torno al desabasto de agua y la necesidad de los pobladores al amparo de diversas instituciones públicas.
Dijo que la proliferación de empresas de transporte y distribución de agua potable en pipas, sobre todo en este periodo de crisis hídrica significa, en realidad, "la privatización del agua como recurso indispensable para nuestras comunidades".
Adicionalmente a esta modalidad, se ha incrementado la privatización del agua para su venta en la modalidad de distribución en pipas, mediante el denominado "huachicoleo" del agua, es decir, el robo y apropiación del líquido desde sus ductos y redes de suministro para su posterior venta justo en comunidades con mayor desabasto que normalizan la privatización y por lo que los vecinos se ven obligados a pagar entre 800 a dos mil quinientos pesos.
Lamentó que en los municipios se ha permitido la formación de grupos delictivos entorno a la apropiación ilegal de agua, el desabasto inducido y la no responsabilidad de las autoridades locales en la atención inmediata, mediante recursos y estrategias de índole pública y gratuita la atención de esta crisis hídrica con el objetivo de asegurar el acceso constante, adecuado y público de este recurso.
