María "N" sentenciada a 17 años y seis meses de prisión por el delito de robo con violencia sobre mercancía transportada a bordo de un vehículo automotor, recibió una amnistía por decisión de un juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla.
Después de cuatro años en prisión, el juez Fermín Olguín Díaz le otorgó el beneficio de anmistía, por lo que a partir de este martes volvió a su hogar, a lado de sus cuatro hijos.
"Estoy incrédula por la sentencia tan alta que tenía, hacía cuentas de cuántos años tendrían mis hijos cuando cumpliera la mitad de mi sentencia, ahora podré pasar el cumpleaños y graduación de primaria de una de mis hijas", expresó María, luego de ser notificada por personal del Juzgado de su libertad y el derecho al olvido legal.
El juez del Poder Judicial del Estado de México analizó a profundidad el caso y detectó que al momento del ilícito, María se encontraba en una situación de desventaja y vulnerabilidad por su contexto de pobreza, falta de preparación y rezago educativo, lo que la llevó a enfrentar una débil protección a sus derechos humanos, de acceso a la justicia y a la seguridad jurídica.
Además, consideró que la imposición de la pena fue excesiva y desproporcionada de acuerdo a la participación, al habérsele impuesto una pena igual que al sujeto activo qué realmente llevo a cabo el acto ilícito y el uso de la violencia.
Celebra la Codhem
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México celebró la amnistía otorgada por el Poder Judicial mexiquense, a petición de la propia Comisión.
Para lograr el beneficio de la amnistía, la Codhem revisó el expediente de María de la Luz "N", y posteriormente hizo un pronunciamiento en el que precisó una insuficiente tutela de los derechos humanos, como el de acceso a la justicia y seguridad jurídica, al atribuirle la calidad de "coautor material" por el hecho de intervenir en el robo cometido por su hermano, sin existir elemento probatorio para acreditar su participación.
Se observó además que no se tomaron en cuenta otros aspectos como la situación de pobreza, vivir en un contexto de control social, rezago educativo, la carencia de un empleo formal que le impedía garantizar el acceso a servicios de salud y la seguridad social, no tener los medios para cubrir en forma íntegra bienes y servicios como la canasta básica, gastos en vivienda, transporte y educación de las seis personas que integran su familia.
También se encontró que la conducta de María de la Luz "N" derivó del rol de subordinación y de un contexto de control social que pudo ser ejercido por el coacusado; de igual manera se consideró desproporcional la sentencia impuesta, ya que se sancionó con la misma pena que a su hermano y se le atribuyó la agravante de violencia moral.