En 2020, México se ubicó en el lugar 124 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que evalúa a 180 países. Esta posición lo coloca a la par de naciones como Bolivia, Kenia, Kirguistán y Pakistán, y por encima de Azerbaiyán, Gabón, Malaui, Mali y Rusia.
Aunque avanzó seis lugares respecto a 2019, cuando ocupaba el puesto 130, el panorama sigue siendo preocupante, ya que refleja la persistencia de altos niveles de corrupción y el lento progreso en comparación con otros países.
Según datos del INEGI con motivo del Día Internacional contra la Corrupción 2023, el 14% de la población mexicana mayor de 18 años fue víctima de algún acto de corrupción. En el caso del Estado de México, el 12% de la población adulta reportó haber sido víctima de corrupción, reflejando la persistencia de este problema en la entidad.
Entre quienes tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública, el 59.4 por ciento reportó haber sido víctima de corrupción, siendo este el trámite con mayor incidencia en este delito desde 2013. Otros trámites afectados incluyen abrir una empresa, donde el 27.5 por ciento de las personas reportó corrupción, permisos relacionados con la propiedad, con 23.5 por ciento , así como trámites ante el Ministerio Público, Fiscalía Estatal 21.2 por ciento y trámites municipales, con un 18 por ciento.
La corrupción no solo afecta la percepción del país a nivel global, sino que también debilita la democracia al erosionar la confianza ciudadana en las instituciones, fomentar la impunidad y perpetuar desigualdades. Combatirla es fundamental para fortalecer las bases democráticas, promover la transparencia y garantizar una gobernanza justa y efectiva, aunque, a pesar de ser una bandera con la que se ha trabajado durante décadas, los avances siguen siendo limitados y la lucha contra este fenómeno continúa siendo un desafío importante para el país.