En medio de una creciente preocupación por la gestión financiera, varios ayuntamientos del país enfrentan una realidad alarmante: la falta de recursos.
Muchos municipios operan con deudas considerables, lo que les impide cumplir con sus compromisos básicos y realizar las obras necesarias para el desarrollo de sus comunidades.
Los gobiernos municipales son responsables de servicios básicos como agua potable, alumbrado y recolección de basura. Aunque han logrado avances, enfrentan grandes retos, como la dependencia de transferencias federales, baja recaudación y deudas con la CFE y CONAGUA.
La insolvencia financiera ha llegado a niveles críticos, obligando a muchos ayuntamientos a destinar la mayor parte de su presupuesto al pago de deudas, lo que afecta su capacidad para invertir en servicios públicos y mejorar la calidad de vida de los habitantes.
La principal fuente de ingresos propios para los municipios ha sido tradicionalmente el impuesto predial. La capacidad recaudatoria es un factor clave para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, ya que una mayor recaudación de ingresos propios contribuye directamente a mejorar la eficacia en la gestión municipal y la provisión de servicios.
Sin embargo, muchos municipios enfrentan dificultades para incrementar estos ingresos debido a la baja cultura de pago, la falta de actualización en los valores catastrales, y los recursos limitados para llevar a cabo una recaudación eficiente, lo que agrava su situación financiera.
Los ingresos totales de los municipios muestran una histórica dependencia de las transferencias federales, tanto por participaciones como por aportaciones. Esto ha llevado a muchos municipios a conformarse con recibir estos recursos sin asumir la responsabilidad de modernizar sus sistemas de recaudación. Como resultado, el municipio promedio se ha vuelto cada vez más dependiente de las transferencias gubernamentales, sin lograr un aumento significativo en sus ingresos propios.