Crisis penitenciaria en Edomex
El Estado de México se ha posicionado como la entidad con el sistema penitenciario más saturado del país. Esta problemática, lejos de ser un asunto marginal, tiene profundas implicaciones en la seguridad pública, los derechos humanos y el tejido social de la entidad.
Según datos oficiales, los centros penitenciarios mexiquenses enfrentan una sobrepoblación de un 147%, una cifra ha sido reconocida públicamente por el secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda.
En el mejor de los casos, dos o tres internos comparten una misma celda, sin embargo, en penales como El Oro, Zumpango y Chalco, la saturación supera el 429% y hasta el 500%. Estas condiciones de hacinamiento generan un ambiente hostil que ha convertido lo que debería ser un proceso de rehabilitación y reinserción social en una lucha por la supervivencia.
Lejos de fomentar la reflexión y el cambio, estos espacios se convierten en escuelas del crimen, donde los internos se ven obligados a adaptarse a una cultura de violencia y delincuencia.
Esta situación ha generado condiciones propicias para la proliferación de actividades ilícitas al interior de los penales, como el tráfico de drogas y de dispositivos móviles, lo que socava los esfuerzos por garantizar la seguridad tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios.
Con tan solo 14 mil 917 camas útiles disponibles, el sistema penitenciario mexiquense se ve obligado a gestionar una población de más de 34 mil 772 internos, lo que se traduce en una ocupación que rebasa por mucho su capacidad.
La falta de espacios adecuados, la carencia de programas de rehabilitación y la convivencia en condiciones infrahumanas fomentan la reincidencia delictiva y perpetúan el ciclo de violencia.
