México atraviesa un momento complejo en el panorama de las organizaciones de la sociedad civil marcado por un reciente abandono institucional que ha mermado su capacidad de acción.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno eliminó el financiamiento a organizaciones y fundaciones bajo el argumento de evitar intermediarios en el manejo de recursos públicos. Situación que no ha cambiado significativamente con la administración de Claudia Sheinbaum.
En el Estado de México operan alrededor de 4,000 organizaciones civiles, Un ejemplo claro es la Cruz Roja Mexicana, este organismo con más de 100 años de historia en el país ha logrado su óptimo desempeño gracias a la solidaridad ciudadana mediante el cobro de tarifas por sus servicios médicos y la recolección de donativos en las calles.
Sin embargo con el paso de los años, la respuesta ciudadana a estas colectas se ha visto mermada, complicando aún más su sostenibilidad.
Por otro lado, las Instituciones de Asistencia Privada también han sido severamente afectadas. Estas organizaciones trabajan en sectores clave como la educación, la salud, el desarrollo comunitario y la protección ambiental, pero el 36% de ellas desaparece durante los primeros cuatro años de operación debido a la falta de recursos.
Sin un marco de apoyo claro y sostenido por parte del gobierno, el futuro de muchas organizaciones de la sociedad civil en México permanece en un limbo de incertidumbre y limitaciones operativas.