Elecciones riesgosas tras escándalos en el IEEPCO
La presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Elizabeth Sánchez González, se encuentra nuevamente en el centro de un escándalo por presuntas prácticas corruptas y conflictos de interés, a pesar de anteriores sanciones y detenciones por violaciones a las normativas electorales vigentes. Según informes de la organización Vigilante Electoral, Sánchez González ha sido acusada de favorecer a empresas específicas en procesos de licitación, particularmente a Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V., propiedad de José Antonio Carranza, una firma señalada por incumplimientos en contratos previos con el IEEPCO.
Este favoritismo ha generado división y rechazo dentro del Consejo General del IEEPCO, poniendo en riesgo la integridad de las próximas elecciones en Oaxaca. La empresa en cuestión, Formas Finas y Materiales, ha sido beneficiada con contratos millonarios en años anteriores, sumando más de 140 millones de pesos en asignaciones directas por parte del IEEPCO bajo la gestión de Sánchez González.
Este año, se prevé que la empresa obtenga otro contrato por más de 200 millones de pesos, a pesar de la existencia de ofertas más competitivas en el mercado.
La conducta de Sánchez González ha sido objeto de sanciones previas. En septiembre de 2023, fue suspendida temporalmente y enfrentó acusaciones por el presunto desvío de más de 19 millones de pesos, según una auditoría realizada por el Órgano de Control Interno del IEEPCO.
Aunque fue reinstalada tras una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF), las prácticas cuestionables parecen persistir.
La organización Democracia Unida, a través de un desplegado, reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha presentado una denuncia contra Formas Finas y Materiales por actividades ilícitas, incluyendo lavado de dinero y corrupción.
Esto ha llevado a cuestionamientos sobre la continuidad de estas prácticas y el impacto negativo en la democracia y la ciudadanía de Oaxaca.
