En el Valle de Toluca, la recolección de basura no recae exclusivamente en el servicio público municipal. Un ejército silencioso de recolectores privados se mueve por las calles, aportando una alternativa vital para aquellos ciudadanos que buscan mayor flexibilidad en los horarios de recolección.
Tan solo en la capital mexiquense, cada habitante genera, en promedio, 1.7 kilogramos de basura al día. Frente a esta realidad, la labor de los recolectores privados se vuelve indispensable.
A pesar de que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos establece regulaciones para tanto los generadores como los prestadores de servicios de recolección, en la práctica, los recolectores privados operan en un limbo legal.
Utilizan vehículos adaptados, diablos y triciclos para recoger desechos casa por casa, ofreciendo sus servicios a cambio de una propina que puede empezar desde los 20 pesos o variar según el volumen de basura.
La falta de regulación clara los hace vulnerables a detenciones y extorsiones por parte de las autoridades, mientras que la circulación por avenidas concurridas los pone en peligro frente a conductores imprudentes. Además, la exposición a desechos peligrosos sin el equipo adecuado es una amenaza constante para su salud.
Su labor, aunque en el limbo de la legalidad y la seguridad, es un testimonio de la resiliencia sorteando un sistema que no siempre los reconoce o protege y la necesidad en una región donde la generación de residuos parece inagotable.