Los fraccionamientos privados se han convertido en la regla del crecimiento metropolitano y también en un privilegio de los que ostentan el poder económico, vistos como una forma de obtener seguridad, cuando esta no puede ser garantizada por el Estado.
Dentro de una "no ciudad" este tipo de viviendas entre muros prosperan donde existe mayor desigualdad social.
Con el pretexto de la inseguridad pública, durante los últimos años el Estado de México se ha llenado de murallas en fraccionamientos privados, donde se disfruta de una tranquilidad que otorga una pluma de acceso a la colonia, sin embargo en un estudio reciente, se reveló que, durante el año 2022, de una muestra de 133 robos a casa habitación reportados, 79 se dieron en fraccionamientos privados, dando como resultado la alarmante cifra de 60 por ciento de los robos a casa habitación que tomaron lugar en fraccionamientos.
Además de generar fragmentación en las ciudades este tipo de fraccionamientos consumen los recursos naturales para la instalación de servicios públicos como drenajes, redes de agua, electrificación, pavimentos.
Cabe destacar que la mayoría de cotos influyen en el desplazamiento de los más desfavorecidos y de aquellos que no pueden pagar por seguridad.
La ciudad se disuelve, pierde su capacidad integradora y debilita a la ciudadanía capaz de gestionar un espacio de seguridad, pues en algunos casos no se reduce la violencia, sino que se estimula, pues los moradores de los condominios se convierten en piezas localizables.