Las personas privadas de la libertad enfrentan condiciones de vulnerabilidad que trascienden los muros de las cárceles, afectando no solo su bienestar, sino también el de sus familias.
Si bien las cárceles no son lugares diseñados para albergar a niños, la realidad es que muchas mujeres privadas de la libertad son madres y sus hijos se ven obligados a compartir su encierro.
De acuerdo con el estudio, "Maternidades e infancias con referentes de crianza en prisiones del Estado de México", elaborado por la Universidad Autónoma del Estado de y el Poder Judicial mexiquense, el 86.7% de las mujeres privadas de la libertad en el Estado de México son madres.
Mientras que un 6.6% ha tenido hijos viviendo con ellas en los centros penitenciarios y posteriormente han sido externados. Estas cifras exponen la frecuencia con la que la maternidad y la prisión se entrelazan, generando escenarios complejos para los derechos de las infancias.
Aunque el 84% de las mujeres señala no haber enfrentado limitaciones para cuidar a sus hijos dentro de los centros penitenciarios, solo el 40% considera que sus hijos estaban seguros durante su estancia. Además, un 81% manifiesta que los centros no cuentan con espacios adecuados para el desarrollo infantil.
A pesar del marco normativo que protege los derechos de las infancias en prisión y los esfuerzos de monitoreo realizados por organizaciones persisten graves deficiencias.
Entre los problemas más alarmantes destacan los maltratos físicos y psicológicos, que no solo se limitan a actos directos de violencia, sino que también derivan de situaciones como el hacinamiento y la sobrepoblación en las cárceles.
Reconocer la existencia y las necesidades de estas infancias es el primer paso para construir un sistema penitenciario más justo y humano,