A lo largo de los años han surgido problemáticas urgentes en torno a la gestión del agua, las sequías y sobreexplotación de mantos acuíferos han ido incrementando de manera considerable haciendo aún más severa la crisis hídrica en los últimos años.
En 2023 en México había 12 millones de personas que carecían de acceso al agua potable.
El 8 de febrero del año 2012 se elevaron a rango constitucional los derechos humanos al acceso al agua y saneamiento en México, mediante la reforma del artículo 4o. de la Constitución, donde se se establecen aspectos benéficos para la población, como lograr que todos los mexicanos cuenten con el servicio de agua en su domicilio, ya que el acceso a la cantidad de agua indispensable para cubrir las necesidades humanas básicas constituye la condición indispensable para una vida digna.
Sin embargo, a más de una década, su aprobación aún está pendiente.
La principal meta es reemplazar la Ley de Aguas Nacionales de 1992, pues esta falta de actualización ha otorgado títulos de concesión sin un proceso transparente, lo que desencadena una sobre explotación del vital líquido.
Ante esta situación la Comisión de Recursos Hídricos ha buscado poner este tema sobre la mesa para crear un Fondo Nacional de Infraestructura, así mismo en 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiteró que el Congreso de la Unión ha incurrido en una omisión legislativa al no emitir la Ley General de Aguas.