México y su prueba contra fabricantes de armas en EE.UU.

México defenderá su postura ante la Corte Suprema de Estados Unidos en una audiencia sobre la demanda contra las empresas que producen y distribuyen armas, las cuales terminan ilegalmente en manos del crimen organizado en territorio mexicano

El gobierno busca probar que estas compañías saben que sus productos cruzan la frontera de manera ilícita, lo que las haría responsables y eliminaría la inmunidad que podrían reclamar bajo la Ley para la Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA).

Un elemento central de esta demanda es un informe reciente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que indica que el 74% de las armas decomisadas en México a grupos delictivos proviene ilegalmente de su país vecino del norte. Este dato, considerado una prueba sólida por las autoridades mexicanas, apunta directamente a la responsabilidad de las empresas demandadas en el flujo armamentístico que fortalece a la delincuencia organizada.

Durante una conferencia matutina, la mandataria destacó que el propio Departamento de Justicia estadounidense reconoce esta estadística, publicada el 8 de enero, lo que coloca a México en una posición favorable para que la Corte falle a su favor. 

"Es una prueba muy contundente", afirmó, enfatizando que tanto fabricantes como distribuidores están en la mira de esta acción legal

En la audiencia, realizada en Washington a partir de las 9 de la mañana (hora local), el equipo legal mexicano está encabezado por Jonathan Lowy, líder de Global Action Against Gun Violence, y Steve Shadowen, un reconocido abogado. A ellos se suma Pablo Arrocha, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien acompaña a la delegación en este proceso ante la Corte Suprema.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha dejado claro que frenar el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos es una prioridad en la agenda bilateral impulsada por la presidenta Sheinbaum y el canciller Juan Ramón de la Fuente. Este tema se ha convertido en un punto clave de la relación entre ambos países, ante la urgencia de reducir la violencia generada por el crimen organizado en México.

Miles de armas cruzan la frontera cada año, empoderando a los grupos delictivos y dejando un saldo devastador en vidas humanas. Informes oficiales mexicanos han documentado cómo este flujo ilegal agrava la inseguridad, haciendo de esta batalla legal un paso esencial para buscar justicia y soluciones duraderas

Por su parte, las empresas señaladas insisten en que la PLCAA las protege de responsabilidades como las que México les imputa. No obstante, el gobierno mexicano argumenta que esta ley no las exime, dado que existe evidencia de que aun sabiéndolo permiten que sus productos alimenten el mercado negro al sur de la frontera. La resolución de la Corte Suprema podría sentar un precedente en la lucha contra el tráfico armamentístico internacional.