El Estado de México, entidad que alberga el sistema penitenciario más grande del país, enfrenta una grave crisis marcada por la sobrepoblación y la falta de condiciones para la reinserción social de las personas privadas de la libertad.
De acuerdo con el más reciente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria realizado en 2023 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la entidad mexiquense se registraron 34 mil 772 internos, quienes se disputan cada espacio en condiciones infrahumanas.
En algunos penales, como El Oro, Zumpango y Chalco, la saturación supera el 400%, lo que implica que tres o más personas comparten una celda diseñada para una sola.
A pesar de contar con 24 penales, el sistema penitenciario mexiquense presenta una tasa de ocupación de 237.2%, lo que lo convierte en el más saturado del país. Esta situación se agrava por la falta de infraestructura adecuada, ya que existen solo 2 mil 423 celdas para albergar a más de 30 mil internos.
La carencia de recursos y la falta de inversión en el sistema penitenciario han generado una serie de problemáticas que obstaculizan la reinserción social. Entre ellas destacan:
La falta de inversión, la corrupción y la ausencia de políticas públicas efectivas han convertido a los penales mexiquenses en lugares donde la violencia y la degradación son la norma, y donde la reinserción social es una utopía.