El manejo de antibióticos, pero sobre todo de medicamento controlado es revisado con lupa por parte de las autoridades sanitarias. El incumplimiento de la normativa, puede llegar a la sanción o clausura del negocio e incluso a una demanda ante la Fiscalía.
Y es que, en México, desde 2010 se prohibió la venta de antibióticos sin receta ante el uso indiscriminado que estaba desarrollando la población, por lo que las visitas de verificación de Regulación Sanitaria, incluyen la evaluación de las condiciones físico sanitarias, además del surtimiento de medicamento, qué empresa suministra, así como las entradas y salidas.
"Debe de contar esa receta con ciertas características o requisitos: nombre de médico, dirección de consultorio, su teléfono, cédula profesional, nombre del paciente, cuál es el diagnóstico y la prescripción del medicamento", dijo José Luna Riojas, coordinador de Regulación y Fomento Sanitario de la Jurisdicción Sanitaria Seis.
En el caso de los medicamentos controlados, estos representan un riesgo adicional debido a su capacidad para generar dependencia, abuso o adicción. Por lo tanto, es crucial que las recetas y dosis estén respaldadas por especialistas en la materia, y que el suministro esté sujeto a una estricta vigilancia.
"Tiene que acreditarnos las gavetas de resguardo, libros de registro, tiene que ser con una identificación que nos acredite quién fue la persona que surtió y algunas solamente se surten una sola vez algunas dos veces, eso es lo que nos establece el reglamento de insumos para la salud", añadió.
Gracias a este control estricto, el coordinador de Regulación y Fomento Sanitario dijo que, en años pasados, se han detectado recetas apócrifas para el surtimiento del medicamento no controlado, lo que ha derivado en denuncias ante la Fiscalía.
"Aquí se está afectando en el caso de que haya una falsificación en las recetas, pues primeramente al médico que le realizaron esa suplantación y en su caso si se surtió el medicamento va involucrado el responsable, la empresa, la farmacia, por eso es muy importante que se esté verificando el surtimiento de este medicamento controlado, verificando en tiempo y forma las recetas". dijo.
Desde sanciones administrativas y el aseguramiento del medicamento, en el caso de los antibióticos, hasta la suspensión del establecimiento o multas que van desde los 2 mil a los 6 mil salarios mínimos o arresto, son las sanciones establecidas por la Ley General de Salud en el caso del surtimiento ilegal de medicamentos controlados.
A solicitud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública del municipio, implementaron un operativo para inhibir la venta ilegal de fichas para citas médicas al exterior de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) "Chalco".
Esta acción se derivó de la visita del director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, a la unidad médica el pasado 23 de marzo, así como de gestiones realizadas por oficinas centrales, la representación del ISSSTE en el Estado de México y directivos del centro de salud, quienes solicitaron el apoyo de las autoridades para abordar esta problemática.
El operativo inició el jueves y consistió en el retiro, por parte de la SSPC y la policía municipal, de los objetos que un grupo de personas utilizaba en las inmediaciones de la clínica para apartar espacios y posteriormente venderlos a derechohabientes que acudían a solicitar atención médica.
Para prevenir la reinstalación de esta actividad ilícita, la SSPC mantiene una cuadrilla de elementos de seguridad desplegada en el exterior de la UMF "Chalco".
En una audiencia celebrada en los juzgados de Chalco, la Autoridad Judicial determinó prisión preventiva justificada para Carlota "N", Eduardo "N" y Mariana "N". Estas tres personas son investigadas por su probable participación en los hechos ocurridos el pasado 1 de abril, donde dos hombres adultos perdieron la vida por disparos de arma de fuego y un adolescente resultó lesionado.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó datos de prueba en contra de los tres imputados por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Tras la exposición de los elementos, el Órgano Jurisdiccional estableció la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Se informó que la próxima audiencia, en la que se resolverá la situación jurídica de Carlota "N", Eduardo "N" y Mariana "N", se llevará a cabo el 9 de abril.