135 deportaciones forzadas y desapariciones sin respuesta en Nicaragua
El aumento de desapariciones forzadas en Nicaragua ha generado una creciente preocupación a nivel internacional, especialmente tras la presentación del Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la actualización oral del Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua durante el 57º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
El colectivo Nicaragua Nunca Más, dio a conocer el día de hoy mediante un comunicado que, la Coalición Nicaragua Lucha, compuesta por 26 organizaciones, emitió 12 comunicados conjuntos en el último año, denunciando diversas violaciones a los derechos humanos y recalcando la importancia de centrar la atención en las voces de las víctimas. La coalición destacó el uso de desapariciones forzadas como una herramienta política para reprimir a opositores y críticos del régimen autoritario encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Uno de los casos más emblemáticos es el del diputado indígena Brooklyn Rivera, cuya desaparición ha sido documentada en el Informe sobre represalias presentado ante el Consejo de Derechos Humanos. Este documento también menciona el acoso sufrido por defensores de derechos humanos que participan en eventos internacionales, como Gonzalo Carrión, Haydee Castillo y Vilma Núñez.
La situación se agrava con la excarcelación y deportación forzada de al menos 135 personas, así como el despojo arbitrario de nacionalidad a otras 300. A pesar de estas acciones, todavía hay al menos 36 prisioneros políticos en Nicaragua, incluidos miembros de comunidades indígenas que no aparecen en las cifras oficiales
La desaparición forzada es considerada un crimen de lesa humanidad bajo el derecho internacional. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas indicó que el régimen nicaragüense viola más de la mitad de los artículos establecidos en su declaración. A pesar de estas violaciones graves, el estado nicaragüense no ha proporcionado respuestas adecuadas ni ha tomado medidas efectivas para abordar estos crímenes.
Es importante recordar que las desapariciones forzadas son actos que atentan contra la dignidad humana y violan derechos fundamentales como la libertad y el derecho a la vida. Los estados tienen la obligación legal de prevenir estos actos, investigar adecuadamente y proporcionar recursos judiciales eficaces para las víctimas y sus familias.
El informe también señala que las desapariciones forzadas han sido documentadas en al menos dos casos recientes, calificando la falta de denuncias públicas como alarmante, puesto que, muchas personas temen represalias por parte del estado y prefieren no reportar sus experiencias
El colectivo mencionó que las víctimas tienen derecho a ser informadas sobre el paradero de sus seres queridos y a recibir protección durante todo el proceso judicial. Además, deben tener acceso a reparaciones adecuadas si sufren daños como resultado de estas violaciones.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos han instado a todos los países a actuar con urgencia para proteger a quienes han sido desplazados forzosamente y facilitar su reunificación familiar. La separación familiar es una experiencia devastadora que agrava aún más el sufrimiento causado por estas violaciones sistemáticas.
