85% del presupuesto del CJF destinado a sueldos en 2025
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tomó la decisión de proponer un proyecto de presupuesto para el año 2025 que se asemeja al monto utilizado en 2024, que alcanzó los 69 mil 358 millones 500 mil pesos, más un ajuste por inflación estimado en 3.6% por el Banco de México
Este acuerdo fue aprobado por mayoría el día de ayer por la noche y se enviará de inmediato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para su integración en el documento maestro del presupuesto del Poder Judicial, que también incluirá las solicitudes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Durante tres sesiones de deliberación, se evaluaron diversas propuestas presupuestarias, alrededor de cinco en total. Finalmente, se optó por un proyecto que asciende aproximadamente a 69 mil 608 millones 240 mil pesos. Sin embargo, el CJF no ha hecho público el detalle del proyecto ni ha proporcionado información sobre las discusiones y votaciones realizadas por los consejeros.
En la última sesión, que se llevó a cabo el día de ayer entre las 17:00 y las 20:00 horas, además del presupuesto, se abordaron otros temas administrativos. Según un informe administrativo publicado en agosto, el CJF recibió un presupuesto original para 2024 de 68 mil 917 millones 300 mil pesos. Este monto fue ajustado con una ampliación de 25 millones 313 mil 300 pesos y una reducción de 24 millones 872 mil 100 pesos, resultando en el total mencionado previamente.
La CJF destina un considerable 85.4% de su presupuesto a servicios personales, lo que incluye sueldos, salarios y otras obligaciones laborales
Por otro lado, el pasado 24 de octubre, el Pleno de la SCJN aprobó su propio proyecto de presupuesto para el próximo año, que será enviado al Ejecutivo Federal antes del 5 de noviembre. Este presupuesto asciende a 5 mil 922.9 millones de pesos y representa una disminución del 1.4% en términos reales respecto al presupuesto autorizado para este año.
La propuesta presupuestaria de la SCJN fue elaborada tras un análisis exhaustivo y discusiones que se extendieron durante tres sesiones. La ex ministra Norma Piña lideró este proceso y enfatizó que los recursos solicitados eran los esenciales para cumplir con las responsabilidades del tribunal. De los fondos solicitados, se destinarán ocho de cada diez pesos a servicios personales, asegurando así la cobertura de remuneraciones y prestaciones laborales.
A pesar de estas aprobaciones presupuestarias, algunos miembros del Poder Judicial han expresado preocupaciones sobre la falta de medidas austeras y la transparencia en la asignación de recursos. La ministra Lenia Batres Guadarrama criticó que no se realizaron modificaciones significativas al presupuesto propuesto y señaló que algunas partidas han aumentado sin justificación adecuada
