Demandan solución por cierre de Junta 42
La sociedad civil organizada se unirá a la Asociación de Abogados Laboralistas para demandar la no afectación por el cierre de la Junta Especial número 42 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sucedido el pasado lunes 17 de junio.
"No es ajeno para alzando voces las problemáticas que se han vivido en los tribunales laborales ya por vías de extinguir y de la problemática actual de los nuevos juzgados y en ese sentido nosotros estamos pendientes y observando las acciones que se implementan por el Gobierno Federal", dijo Héctor Emilio Macías, presidente de Alzando Voces A.C.
Para la asociación es imperante que las autoridades den solución a la problemática derivada del cierre ya que son 5,934 expedientes en todas sus fases procesales que se trasladarán a la Junta Especial Número 25 con residencia en Saltillo, mientras que el traslado de expedientes en fase de laudo y ejecución en contra del IMSS, a los que se les dará continuidad en la Junta Especial Número 19 de Guadalupe, Nuevo León, son 1,591, y los de fase de instrucción y dictamen son 1,684.
Alzando Voces y abogados laguneros señalaron que algunos expedientes tienen desde cuatro hasta 10 años sin ser resueltos, lo cual era una señal de que la eficiencia de la Junta 42 no era la óptima.
"En la junta federal hubo tres auditorías, donde estaban checando desde la Ciudad de México los avances y los rezagos que se tenían, de tal manera que la 42 se convirtió en un embudo que realmente no se solucionaba ningún problema", agregó.
Para la asociación el envío de expedientes a otras Juntas puede destrabar los asuntos que no se han resuelto, sólo que la demanda es la misma que la Asociación de Abogados Laboralistas: conocer el plan de acción de la Secretaría del Trabajo y agilizar los trámites para evitar afectaciones a la ciudadanía.
En lo que respecta a la planta laboral de la Junta 42, el cierre también fue sorpresivo, pues lo esperaban al finalizar el año o una vez que concluyeran los expedientes, sin embargo, prefirieron no dar declaraciones por temor a represalias, sólo informaron que son alrededor de 30 personas las que laboraban y que no se les dio opción de reubicación, por lo que serán liquidadas.
