De acuerdo con la auditoría practicada por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental ( OSAFIG ), la Dirección de Pensiones de Estado registra un pasivo de 863 millones de pesos por adeudos que entes públicos tienen por concepto de aportaciones de las cuotas de los trabajadores del 2011 al 31 de diciembre del 2016, pero la cifra podría superar los mil millones de pesos al 31 de agosto del 2018, dio a conocer el dirigente del sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.
Sin embargo, la diputada del PAN, Martha Sosa Govea, denunció que de las observaciones encontradas en la auditoría se desprende que se otorgaron créditos por cantidades no presupuestadas, dinero que no se recuperó y no se tiene un registro de a quienes se le otorgaron.
"En la observación F11 señala el OSAFIG la diferencia de mil 481 millones 132 mil 604 pesos, entre el monto autorizado y el monto que realmente ejercieron, cuánto les autorizaron a ejercer 416 millones 579 mil 955 pesos, nada más y cuánto fue lo que ejercieron mil 897 millones 712 mil 559 pesos, que se supone fueron en créditos autorizados".
La auditoría también reporta gastos excesivos, discrecionales y compras innecesarias con los recursos de los trabajadores, precisó..
"La compra de accesorios superfluos como un reloj de escritorio de 100 mil pesos, como el generar una tarjeta de crédito American Express que como todos sabemos es de las más caras y que con ella se ha hecho un pago de 153 mil pesos, el hecho de excesos entre los que les autorizaban y lo que ejercían".
Otro rubro con irregularidades son los gastos en consultas médicas particulares a los que tiene derecho el personal del magisterio, ya que la partida autorizada es de 24 millones 522 mil pesos, pero gastaron 44 millones 143 mil pesos, no hay un padrón de médicos autorizados y no hay soporte de hospitales y clínica autorizadas.
